En un espacio social como el nuestro,
guipuzcoano y vasco, tan poco proclive a mostrar el menor afecto a la
constitución española, sorprende que alguien se atreva a debatir o disputar
argumentando que determinada actitud o medida administrativa es
inconstitucional. Algo similar a cuando el ministro impulsor de la amnistía
fiscal propugna la prohibición por ley de toda futura amnistía. La ciudadanía
vivimos acostumbrada a gestionar todo tipo de contradicciones y estas dos
situaciones, al tiempo, se considerarán percances normales de la vida
cotidiana. O sea, que sobran los ojos como platos. Me gustaría verlos, y me
cuesta imaginarlos, aplicando los mismos principios en situaciones opuestas.
Algo gordo ha debido de ordenar el
diputado de deportes, nada sospechoso de animosidad contra la constitución,
para que responsables de clubes deportivos, de variado pelaje y condición
política, se atrevan a recordarle su obligado cumplimiento de la constitución.
Una orden foral sobre el deporte escolar que pretende, al parecer, evitar el
mercadeo que en ocasiones se da en el deporte desde edades tempranas.
La pretensión de la institución parece
lógica y razonable. No tengo criterio ni amigos suficientes que me ayuden a conformar
criterio ponderado sobre lo atinado de la orden. Temo decir nada ante la airada
reacción de los autodeclarados perjudicados y con derechos lesionados. Creo que
mi opinión sería más serena y equilibrada si no me abrumara esa mayoría futbolística,
como la vida, que me infunde mis dudas sobre su impoluta relación con los
derechos y desproporcionada prevalencia sobre otros deportes. Mucho hincha
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